Ya se ha dado el primer paso: con dos modificaciones al texto, las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujer y Diversidad y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que promueve la legalización del aborto presentada por el Poder Ejecutivo. Una vez finalizado este trámite, la iniciativa está lista para ser llevada a la sesión de este jueves.
Para evitar un debate maratónico que, se estimó, podría durar más de 20 horas, en la reunión Parlamentaria Laboral tras el tratamiento en comisiones se acordó acortar el debate limitando los cierres de legisladores. Con ese cambio El proyecto de legalización del aborto podría votarse entre las 4 y las 6 de la mañana del viernes.
El dictamen a favor de la interrupción legal del embarazo obtuvo 77 votos a favor, mientras que el dictamen de rechazo recibió 30. Otros cuatro legisladores, en tanto, se abstuvieron. Las modificaciones introducidas al dictamen, referidas a la objeción de conciencia y las personas embarazadas menores de 16 años que requieren un aborto, fueron claves para definir este margen de diferencia. Los impulsores de la iniciativa confían en que estos cambios facilitarán su aprobación en el Senado, donde los votos son más ajustados.
El debate, que tuvo lugar en la Sala, fue presidido por los presidentes de las comisiones Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Monica Macha (Mujeres y Diversidades), todos ellos miembros oficiales y promotores de la iniciativa. En el lado opuesto y en franca minoría, Carmen Polledo (Vicepresidente de la Comisión de Salud) y Marcela Campagnoli (vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal), ambos de Juntos por el Cambio, manifestaron su posición de rechazo.
«El proyecto es extremadamente inoportuno en el actual contexto de salud como consecuencia de la pandemia. Realmente nos parece un escándalo estar lidiando con la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando ”, dijo Polledo, quien insistió en que el aborto «no está en la agenda de nuestras mujeres»,
«La solución no pasa por la legalización, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y políticas públicas para la prevención de embarazos no intencionales«, enfatizó la legisladora del Pro, quien advirtió que el aborto legal es» incompatible con nuestro ordenamiento jurídico «, y advirtió:» Se debate como si hubiera una tensión entre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el derecho a la vida «. del feto. Estamos discutiendo la eliminación de un ser vivo que se gesta en el útero. «
En defensa de la iniciativa, el funcionario Yedlin insistió en que el aborto legal es «Claramente es un problema de salud pública» y argumentó que la despenalización será un «mensaje claro para todas las provincias y sistemas judiciales».
«Desafortunadamente, el aborto ocurre. No verlo es falso. Miles de mujeres en Argentina a lo largo de estos 100 años de Código Penal han interrumpido embarazos de manera clandestina ”, enfatizó Yedlin.
El proyecto que se llevará a cabo autoriza la interrupción del embarazo hasta la decimocuarta semana (inclusive) de gestación; una vez solicitado, deberá realizarse en un plazo máximo de diez días naturales. Asimismo, se establece que la práctica deben estar incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar una cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de obras sociales y prepagas.
Antes de solicitar un aborto, la embarazada debe dar su consentimiento informado por escrito. A partir de los 16 años puedes hacerlo por tu cuenta, sin la autorización de una persona mayor. Para los menores de 13 años se requiere la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal.
En cuanto a las niñas menores de 16 años, el proyecto original establecía que «se presume que tienen la aptitud y madurez suficiente para decidir sobre la práctica y dar el debido consentimiento». Ante algunas críticas que recibió la redacción de este artículo, se acordó «flexibilizarlo» para acercar posiciones a los legisladores aún indecisos.
Así, se decidió hacer referencia al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que establece que «la persona menor ejerce sus derechos a través de sus representantes legales» pero «tiene edad suficiente y grado de madurez para ejercer los actos que le son permitidos por el sistema legal «, y agrega que»en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, pueden intervenir con asistencia legal ”.
La segunda y más importante modificación que se introdujo en el texto tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
En efecto, se incluyó un nuevo artículo en el texto que establece que “aquellos trabajadores de la salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, deberán prever y ordenar la remisión a un efector que efectivamente realice el servicio y que sea de características similares al solicitante del beneficio consultado ”.
Se aclara que «en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica» y que «los trámites y costos asociados con la derivación y traslado del paciente serán responsabilidad del efector que realiza la derivación».
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